Las comunidades pueden prohibir los alquileres turísticos
Ciudades andaluzas como Sevilla y Cádiz ya han tomado medidas para frenar la proliferación de apartamentos turísticos. ¿Por qué? Dicho pronto, porque ese modelo turístico expulsa de las ciudades a su propios habitantes sustituyéndolos por visitantes ocasionales. Dicho algo más despacio: encarecimiento de la vivienda, dificultad de acceso al alquiler para los indígenas y su expulsión de las zonas turísticas, por ejemplo, por no hablar de lo precario que es el empleo en la hostelería en nuestros pueblo, y este sería el más espoleado.
Barbate hace 32 años que no aprueba un PGOM, a la espera estamos, y es este el que debe adoptar las medidas necesarias para limitar el desarrollo de apartamentos turísticos de manera que no deterioren las condiciones de vida de los barbateños (sí, es posible empeorar).
Mientras tanto (e incluso después), los barbateños tienen mucho que decir. En el año 2019 se aprobó el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, que reformó la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para permitir a los vecinos de las comunidades de propietarios prohibir la creación de apartamentos turísticos. Entonces la cosa quedó difusa y había juristas que defendían que este decreto capacitaba a los vecinos para la prohibición y otros que no. La discusión ya está zanjada desde hace dos meses. El 3 de octubre de este 2024 el Tribunal Supremo sentenció que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquiler turístico mediante acuerdo adoptado en Junta por los tres quintos del total de los propietarios que representen los tres quintos de las cuotas de participación.
Que cada cual mira por su negocio y por su bien, evidente; que quién es quién para pedirle a otro que mire por el pueblo, obvio; pero algunos no se dan cuenta de que este pan de hoy es su hambre de mañana. Ya fuimos un pueblo con 2 mil hombres en la mar, ¡y el hambre que nos dio más tarde! ¿Vamos a ser ahora el pueblo de los dos mil apartamentos turísticos? ¿Qué plaga nos vendrá luego? Aún nos dura el estigma de ser el pueblo de la droga y no hemos aprendido nada de los errores que cometimos antes, ni de los que han cometido pueblos de nuestro entorno en estos tiempos de la gentrificación. ¿Hace falta que recordemos a los 7 mil conileños sin posibilidad de vivir en su pueblo que se han comprado campos para hacerse construcciones ilegales ahora amenazadas?
Que cada cual mire por su bien, claro, pero que mire lejos, que no mire a dos años vista, que mire a sus hijos y a sus nietos, y así mirará por el pueblo.