El alcalde de Barbate, Miguel Molina, firmó un bando el pasado día 11 de octubre para dar a conocer su capacidad de mando y castigo a los padres que no vigilan adecuadamente que sus hijos cumplan con la obligada escolarización (hasta los 16 años de edad).

A veces es importante recordar lo evidente, y bien hace Molina en incidir en que el derecho de los niños y adolescentes a la educación es también un deber que no pueden desatender y que obliga a sus padres. No solo es un bien para la persona, también para la sociedad, y desaprovecharlo o malograrlo lastra las oportunidades de la persona y del conjunto de la ciudadanía.

Hasta aquí, completamente de acuerdo. Bien hace Molina en dar a conocer que puede imponer multas. A veces la amenaza de la ley es el mejor argumento para reconducir las voluntades. Pero hay un obstáculo, la labor de conducir a los menores solos en la calle a sus respectivos centros de enseñanza recae en la Policía Municipal, y de esta hay menos agentes que aceras en buen estado en nuestro pueblo.

Y luego está el obstáculo mayor. Porque si dentro de los horarios escolares se ve en la calle a menos niños que policías (que no abundan) es porque los absentistas están bajo techo.

Quienes hemos ejercido la enseñanza sabemos de esto. Lo mismo la criatura que tiene un problema puntual o prolongado en el colegio o instituto, que aquella para la que cualquier día es fiesta y en casa se lo consienten, que aquella a la que los padres prefieren poner en otras labores (que las hay).

Así que asociar el absentismo escolar a andar solo por la calle es una necedad. Y si el problema de verdad fuera así de visible, tampoco tenemos policías suficientes para ponerle remedio.

En los centros de enseñanza hay una primera medida efectiva para controlar las ausencias. En cada aula se deja y se recoge durante la primera hora la lista con las presentes y ausentes. A continuación se llama por teléfono uno por uno a los padres de los niños y niñas que faltan para que expliquen el hecho. (Hay localidades en se llama a la policía para que se persone en los domicilios.)

Con esta medida van otras que por no prolongarnos no apuntaremos. El problema de aplicarla es que requiere de una persona que se haga cargo de hacer esas decenas de llamadas, el control constante y la burocracia que corresponda, que en algunos casos conlleva contactar con Servicios Sociales. Aquí, señor Molina, sí puede ayudar. Si los colegios no pueden contratar a una persona para que se haga cargo de esa labor (necesario para que no se vea mermada su tarea docente ni directiva) el Ayuntamiento sí puede. Pero claro, para esto no hay dinero y los discursos y los bandos salen gratis.